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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

21/3/07

“La impunidad de tantos años los hace sentir a resguardo”

Anatilde Bugna y Patricia Traba, querellantes en la causa Brusa.

Lo afirmó Patricia Traba, querellante en la causa Brusa, haciendo referencia a la nota publicada por Diario UNO, en la que se demostró que el represor Correa viola el régimen de prisión domiciliaria.



Por Nicolás Lovaisa

Las fotografías publicadas por Diario UNO, en las que se puede ver al represor Nicolás Correa caminando por las calles de barrio Candioti Norte, violando la prisión domiciliaria, despertaron la indignación de quienes fueron sus víctimas durante la última dictadura militar.

Patricia Traba, querellante en la causa Brusa, en la que se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos durante los años de plomo, sostuvo que no la sorprendió la noticia ya que “es la impunidad de años, no la de ahora, la que los hace sentir a resguardo”.

“No creo que las cosas estén igual que antes. Creo que se ha avanzado mucho, pero hay que profundizar ese avance en la justicia para que los represores sean juzgados”, agregó.

Por su parte, Anatilde Bugna, testimoniante en la misma causa judicial, aseguró que “se sabía y se podía comprobar” la violación del arresto domiciliario por parte de "El Tío", apodo con el que se lo conocía durante la represión ilegal
.
“En octubre nos juntamos con varios funcionarios, entre ellos Roberto Rosúa, Walter Gálvez y Gustavo Peters y denunciamos esta situación. Rosúa nos preguntó qué haríamos nosotros en su lugar y le dijimos que debían cuidar a los detenidos y no a los denunciantes y querellantes. Esto es una muestra de la impunidad de la que gozaron toda la vida. Tuvo que hacer la denuncia un medio local, cuando debería haberla hecho el Estado”, insistió.

Bugna se quejó porque los represores “manejan aún varios hilos de poder” porque de lo contrario “no se moverían con tanta impunidad". "Yo pretendo juicio y castigo, pero con celeridad, porque ellos también lo merecen. Dentro de este marco de democracia, ellos merecen un juicio rápido, no tienen por qué estar dos
años procesados”, opinó.

En tanto, Stella Maris Vallejos, quien también prestó su declaración ante la Justicia, expresó: “Me pone bien que se pueda demostrar lo que pasa. Lo correcto hubiera sido que el Estado, la Justicia o a quien le corresponda lo hubiera hecho. Esperemos que esto sirva, no sólo para que vaya a una cárcel común, sino también para que comience el juicio oral y público”.

“A veces no sabemos si hay internas dentro del gobierno o qué pasa, porque el secretario de Derechos Humanos (Domingo Pochettino) nos acompaña a las reuniones que hacemos y participó en la marcha por la aparición de Julio López, pero igual pasan estas cosas”, manifestó.

Quién era "El Tío"

“Nosotros somos un grupo de 12 personas que fueron secuestradas el 23 de marzo de 1977. Al jefe de la patota en ese momento lo conocimos como El Tío. Él se presentaba como el responsable de ese grupo de tareas que nos llevó a un centro clandestino de detención en las afueras de Santo Tomé”, recordó Traba.

Bugna confirmó que Correa era “el jefe de esos grupos” y que tenía “acceso libre en la Guardia de Infantería Reforzada. Antes de salir en libertad tuve una entrevista con él. Ahí trabajaba junto a Perizzotti. También actuó en la Quinta de Funes y luego fue denunciado cuando trabajaba en el área de seguridad, en la primera gestión de Jorge Obeid”.

Por su parte, Vallejos insistió en que estaba muy claro que “Correa era el jefe de la patota”, ya que “él daba órdenes para que siguieran torturando a una persona o pararan. Todos tienen responsabilidad, pero él ocupaba un lugar importante dentro del esquema represor y operaba haciendo una especie de circuito entre Santa Fe y Rosario”.

Tres testigos solicitaron una custodia policial

El ministro de Gobierno de la provincia, Roberto Rosúa, confirmó que tres testigos en causas donde se investigan delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar solicitaron custodia policial. Este pedido se encuadra dentro del Programa Provincial de Protección de Testigos, que se lleva adelante con efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE).

Quienes hicieron ese pedido son Fernando Brarda (ex detenido en un centro de detención de Fisherton), Oscar Bustos (cuyo testimonio dio origen a la causa La Calamita), y una tercera persona de apellido Cabral que vive en Santa Fe, según aseguró el funcionario.

“Se nos informó que desde la Nación tenemos parte de los fondos para solventar los costos con Telecom para poner en funcionamiento el servicio que ya aprobamos por decreto para implementar el llamado «botón de pánico» en el teléfono celular, al igual que el GPS que permite ubicar geográficamente al poseedor del aparato en caso de ser necesario. El dinero prometido ronda el medio millón de pesos y nos permitirá implementar el servicio a los casi 500 testigos que tenemos en la provincia de Santa Fe en condiciones de
declarar”, sostuvo Rosúa en declaraciones efectuadas a Rosario 12.

“Ya estamos custodiando. En uno de los casos, incluso, no sólo hubo que cuidarlos dentro del territorio santafesino sino acompañarlo hasta entregarlo a una unidad de la Policía Federal en Buenos Aires, porque debía viajar”, precisó.

“Cárcel común para Correa”, pidió la diputada Gutiérrez

Luego de que Diario UNO fotografiara al ex represor Nicolás Correa paseando por su barrio e incumpliendo con el arresto domiciliario que dispuso la Justicia Federal, siguen sumándose voces para que se le revoque ese beneficio. En ese sentido se expresó ayer, mediante un proyecto de declaración, la legisladora por el ARI Alicia Gutiérrez, quien solicitó que Correa “cumpla el arresto en una cárcel común, conforme a la ley”.

“Nicolás Correa, procesado por cometer crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, ha sido sorprendido mediante una nota gráfica del matutino local Diario UNO, caminando por la calle, violando el régimen de prisión domiciliaria del que es beneficiario”, justifica en su proyecto la diputada nacional.

Cabe recordar que el día lunes el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, le pidió al juez federal Reinaldo Rodríguez que le revoque la prisión domiciliaria y que analice la situación de los demás detenidos en la misma condición. Lo mismo reclamó el fiscal Eduardo Grioglio. Por su parte, Jorge Pedraza, Daniel García y Alba Sánchez insistieron en que se revea la situación de Héctor "El Pollo" Colombini.


* Publicada el 21 de marzo de 2007 en Diario Uno.
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Nicolás Lovaisa

Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

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