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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

6/3/14

La defensa corporativa por sobre los derechos

Hugo Tognoli

Alicia Gutiérrez y José Corral salieron a bancar a Diego Poretti, quien como funcionario de seguridad –junto con el juez Jorge Pegassano– participó de un allanamiento ilegal comandado por Hugo Tognoli. En el operativo, que violó las garantías constitucionales, no se halló nada relevante. Sin embargo, para la legisladora las críticas del PJ buscan “invalidar pruebas y favorecer a los narcos”, mientras que para el intendente los fiscales que investigan el hecho “son de La Cámpora”.

Por Nicolás Lovaisa

El miércoles 27 de junio de 2012 OP se encontraba pintando su casa, ubicada en Las Encinas y Algarrobo, en Colastiné Norte. Cerca de las 16 horas escuchó que golpeaban el portón de ingreso. “Es la policía, abrí”, avisaron desde el otro lado. Mientras se dirigía hacia allí, aceleró su paso ante la amenaza: “Apurate, apurate porque la rompemos”, bramó Hugo Tognoli, en ese momento Jefe de Policía de la Provincia, hoy procesado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Cuando abrí la puerta me esposaron y me tiraron al piso. Lo mismo le hicieron a mi concubino. Me dijeron que estaban ahí por la ola de robos en Colastiné y me mostraron una lista con los objetos que buscaban. Ninguno de ellos fue hallado en mi domicilio”, declaró OP en sede judicial.

Su elección sexual fue, para Tognoli, un elemento más para intimidarlo y burlarse durante las casi ocho horas que duró el allanamiento: “Puto, yo voy a hacer que te rompan el culo, no sabés con quién te metiste”, le advertía, ante las risas de los más de 20 policías que había en el lugar.

“Cuando se presentaron en mi domicilio el personal no exhibió orden de allanamiento. No hicieron referencia a haber estado autorizados a ingresar a mi vivienda. Les abrí el portón de acceso porque me hallaba condicionado por las manifestaciones de los policías. Tognoli era el más agresivo de todos”, agregó.

La manera en la que se desarrolló el allanamiento deja en claro todas las irregularidades que se cometieron: la policía irrumpió sin orden judicial y sin ningún tipo de investigación previa. Recién cuando ya habían requisado la vivienda se hizo presente el juez, Jorge Pegassano, junto con la secretaria del juzgado, Ana Laura Gioria. “No hay registro en el juzgado de resolución judicial ni de orden de allanamiento. Los procedimientos realizados ese día fueron por pedido expreso del entonces Jefe de Policía Hugo Tognoli”, confirmó Gioria.

Lo mismo admitió el propio Pegassano.Gioria explicó que fueron conducidos hasta esa finca por “un grupo importante de personal policial, quienes nos señalan la existencia en gran cantidad de equipos de audio, cámaras fotográficas, equipos de pesca y aparatos de teléfonos móviles”. De los elementos robados que buscaban en el domicilio no encontraron ninguno. El relato de la secretaria grafica de qué manera se manejó la policía: secuestró los elementos que consideró relevantes de manera absolutamente discrecional, sin la presencia de ningún funcionario judicial.

Sí hallaron droga: 10 gramos de cocaína y 55 de gramos de marihuana. “El personal policial nos informó que había convocado a los funcionarios de drogas porque habían encontrado material estupefaciente en el lugar”, detalló Gioria. Cabe recordar que Tognoli, antes de llegar a Jefe Policial, había estado a cargo de la Dirección General de Prevención y Control de las Adicciones (ex Drogas Peligrosas) y aún tenía una gran influencia en esa dependencia, donde algunos de sus colaboradores, como José Luis Baella, fueron procesados luego por su presunta relación con el narcotráfico.

La cantidad de droga secuestrada –siempre y cuando el operativo se hubiera ajustado a derecho- podía permitir, a lo sumo, el inicio de una causa por tenencia simple. Sin embargo, los dueños de casa estuvieron detenidos hasta el otro día. ¿Por qué, si en la casa la policía no encontró los elementos robados que buscaba, y cuando le informaron al juzgado federal la ínfima cantidad de droga que habían secuestrado, desde el juzgado se les ordenó que los dejen en libertad?

Viciado de nulidad

Para el fiscal federal Walter Rodríguez OP no tuvo manera de resistirse al allanamiento, pese a que en las actas policiales se destaca la “actitud permisiva” que mostraron los dueños de casa. “La presencia del jefe de la policía y de un funcionario del gobierno, ambos secundados por el resto de los funcionarios policiales, marca a las claras que la esfera discrecional de los imputados para resistir a la medida se encontraba restringida. El consentimiento válido debe ser prestado en forma tal que no queden dudas de la libertad del individuo”, precisa.

El fiscal sostiene que es “inverosímil” que Tognoli y Poretti “hayan actuado cumpliendo órdenes emanadas” del juez Pegassano, cuando “la propia secretaria del Juzgado, Ana Laura Gioria, admitió que no existe ninguna resolución que haya autorizado el allanamiento en cuestión, ni constancias que permitan vincular el inmueble requisado con investigación determinada”.

También señala que “el procedimiento pudo entorpecer o hacer caer una investigación más grande por venta de estupefacientes”, hecho que parece ser pasado por alto por la diputada Alicia Gutiérrez y el intendente José Corral.

Por su parte, el juez federal, Francisco Miño, consideró en su escrito que “el procedimiento que dio origen a la causa y todo lo actuado en consecuencia deviene nulo de nulidad absoluta y como consecuencia de ellos resultan también nulos los secuestros de material estupefaciente, el acta que documenta dicha diligencia y todas las actuaciones que en su consecuencia se produjeron”. “No puede pretenderse la utilización de probanzas incriminatorias que fueron obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales pues ello es una violación a las garantías del debido proceso y de la defensa en juicio”, añade.

Por último, el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procurar), Félix Crouss, sostuvo que “funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que inclusive, pareciera haber sido una práctica habitual en la Policía de Santa Fe”.

Respuesta desmesurada

En ese contexto, sorprenden las declaraciones de la diputada provincial del SI-FPCyS, Alicia Gutiérrez, para quien “el justicialismo quiere invalidar pruebas y favorecer a los narcos”. La frase es, cuanto menos, desafortunada: en el operativo en el que se cuestiona la participación de Poretti no había en marcha ninguna investigación de narcotráfico. En realidad, no había ninguna investigación en marcha, ni orden judicial, ni indicios que permitieran a la policía ingresar a un domicilio, esposar a los dueños de casa, allanar la vivienda y mantenerlos detenidos sin causa.

“Creo que hay toda una operación de algunos sectores del Gobierno Nacional tendiente a mostrar que acá (en Santa Fe) hay connivencia de los funcionarios políticos con el narcotráfico”, insistió la diputada, pese a que en la causa jamás se menciona una posible vinculación de Poretti con el narcotráfico. Lo llamativo es que Gutiérrez, de activa militancia en torno a la defensa de los derechos humanos, defienda un operativo a todas luces ilegal e inconstitucional.

Más duras aún fueron las apreciaciones del intendente, José Corral, quien directamente desde su cuenta de Twitter atribuyó la investigación judicial que tiene como protagonistas a Poretti y Pegassano a “un exabrupto de fiscales de La Cámpora que deben investigar a los narcos y miran a otro lado”. Una declaración “para la tribuna”, que apunta a impactar en los medios más importantes (donde no suele ser interpelado) pero que podría tener una respuesta institucional, por la gravedad de sus dichos.

Un rumor que recorre los tribunales santafesinos explica, en parte, por qué enojó tanto la investigación contra Poretti: “En el reparto de poder dentro del Frente Progresista la justicia es una de las pocas cosas que quedó en manos de la UCR. Y no quieren conflictos”.

Se excusó

El juez federal Francisco Miño se excusó en la causa “por haber emitido opinión en el allanamiento ilegal”, por lo que la investigación recaería ahora en el juzgado de Reinaldo Rodríguez. Fuentes judiciales afirman que Rodríguez también se excusaría, teniendo en cuenta su amistad con el juez Jorge Pegassano, con quien suele compartir almuerzos en un restaurant ubicado en Villa California.

* Publicada el 6 de marzo de 2014 en Redacción Rosario.
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Nicolás Lovaisa

Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

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