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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

30/4/15

Aportes de campaña: fiscal federal pidió desafuero de Binner y Lifschitz



El Partido Socialista no pudo justificar los aportes recibidos para la campaña de 2007. La justicia solicitó la declaración de los dos referentes del PS, que firmaron como presidente y tesorero ese balance. Pero ninguno de los dos concurrió a dar explicaciones, por lo que el fiscal pidió su desafuero. Un balance del PRO también fue desaprobado: Del Sel firmó como titular del partido. En 2012, ante ese tipo de irregularidades, la justicia inhabilitó a Jorge Sobisch para presentarse como candidato en elecciones.


Por Nicolás Lovaisa

Los balances del Partido Socialista, del año 2007, y de Propuesta Republicana (PRO), de 2012, le están trayendo serios dolores de cabeza a Miguel Lifschitz y Miguel Del Sel: en las últimas semanas fueron citados por la justicia para aportar datos que permitan entender los movimientos económicos de ambos partidos, ya que los balances mencionados se encuentran desaprobados ante las irregularidades detectadas por la Cámara Nacional Electoral. La estrategia de ambos candidatos para enfrentar la situación fue, hasta el momento, muy diferente.

En el caso del PS, la justicia citó a prestar declaración a Hermes Binner y Miguel Lifschitz, que en ese momento se desempeñaban como presidente y tesorero, respectivamente. Ambos decidieron no concurrir a las audiencias: se ausentaron de manera injustificada, en dos ocasiones cada uno. Y decidieron recusar al juez que lleva adelante la causa, Reinaldo Rodríguez.

Ante estas inasistencias el fiscal solicitó el desafuero de los actuales diputado nacional y senador por el departamento Rosario, respectivamente. El fiscal explicó, a través de un comunicado, que las ausencias de Binner y Lifschitz “dieron espacio al impulso de la aplicación del Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto en la ley 25.320”.

El primer artículo de esa ley dice textualmente lo siguiente: “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político”.

Del Sel sí se presentó ante la justicia. El ex humorista debe responder ya que en su condición de presidente del PRO en 2012, rubricó un balance que fue objetado por las autoridades electorales.

Aportes no justificados por el PS

Como publicó el equipo periodístico de Radio Nacional Santa Fe en octubre del año pasado, un auditor de la Cámara Nacional Electoral, tres fiscales y un juez federal coincidieron en que el balance del PS del año 2007 no posee documentación que respalde los aportes económicos recibidos durante la campaña, por lo que fue desaprobado. Para el juez Rodríguez el PS “no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.

Durante 2007 el Partido Socialista recibió aportes privados por un total de 1.879.207,07 pesos, divididos de la siguiente manera: $ 565.394,48 de Aportes Partidarios para Fines Generales; $ 938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $ 316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional y $ 58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional.

Las principales observaciones del auditor al PS.
Las principales observaciones del auditor al PS.

En su informe, León Derhovsepian, auditor del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, sostiene que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”, sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados”.

En 2008 el auditor le solicita al PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria del ingreso de los fondos”. Además, agrega: “No me resulta posible establecer si se han superado los límites legales vigentes de contribuciones o donaciones privadas” y aconseja al juez a “no aprobar los estados contables”.

Más allá del informe del auditor, de 2007 a la fecha tres fiscales federales desaconsejaron la aprobación del balance: Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y Walter Rodríguez.

El juez federal Reinaldo Rodríguez, por su parte, determinó que el balance del PS “no representa la situación económica real sobre la rendición de cuentas de la campaña electoral presidencial y legislativa correspondiente a las elecciones del 28 de octubre de 2007”. Además, sostiene que “la agrupación política no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.

Lo sorprendente es la estrategia adoptada por el socialismo: desde el partido de la rosa no sólo que no contestaron por escrito los requerimientos del auditor, sino que ante la citación a indagatoria también eligieron el silencio.

No es la primera vez que la justicia desaprueba el ejercicio económico del PS: no presentó balance en 2003, fueron desaprobados los correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 y se encuentra en este momento en la justicia el ya mencionado de 2007. Sí aprobó los de 2008, 2009, 2010 y 2011, mientras se encuentran “en trámite” los de 2012, 2013 y 2014.

El PS, el único que no se presentó

En un comunicado de prensa, la fiscalía federal de Santa Fe informó que en el distrito Santa Fe existen en este momento “veinte causas abiertas por distintas infracciones a la ley 26.215 seguidas a personas físicas; entre las que se encuentran aquellas relativas a los responsables políticos y económicos-financieros de los partidos políticos y afianzas que participaron en comicios ya celebrados o balances anteriores”.

Allí especifica que la fiscalía “formuló acusación en cuatro (4) casos: Frente Grande, Partido de la Concertación, Gen y Pro-Propuesta Republicana, mientras que pidió el sobreseimiento de los responsables del Partido Nacionalista Constitucional y la desestimación del sumario correspondiente a las autoridades del Partido Conservador Popular”.

En el caso del Frente Grande “recayó condena contra el interventor a quien se le aplicó la pena de dos (2) años de inhabilitación para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”.

Un dato relevante: prestaron declaración los responsables del Partido del Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y Pro-Propuesta Republicana. Los únicos que decidieron no concurrir a brindar explicaciones ante la justicia fueron Binner y Lifschitz, del Partido Socialista.

El PRO, también desaprobado

Por su parte, en 2013 el auditor de la Cámara Nacional Electoral, Roberto Franco, desaconsejó la aprobación del balance del PRO de 2012. “Teniendo en cuenta los resultados de las tareas de auditoría realizadas y considerando las observaciones formuladas en el presente informe no me resulta posible aconsejar la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012 presentados por el PRO-Propuesta Republicana del distrito Santa Fe”, expresa en el dictamen de su informe.

Allí también sostiene que el PRO no informa sobre partidas pendientes de cobro, cuando en realidad, según la Dirección Nacional Electoral “surge que el partido tendría un saldo pendiente de cobro neto de sanciones provenientes de aportes públicos 2011 por $ 50.985,65 más el Aporte Público para Boletas Diputados Generales por $ 213.441,12 y un aporte asignado por Diferencia de Campaña de Diputados Primaria de $ 5.118,88”.

Según el balance presentado, el Estado de Situación Patrimonial del PRO en ese año arrojaba un saldo negativo de $ 283.505,91 y hay aportes privados no justificados por $ 5.004. Desde su nacimiento en Santa Fe la justicia electoral desaprobó el balance del PRO de 2011 y está en observación el mencionado de 2012. El de 2013 fue presentado fuera de término y el de 2014 se encuentra actualmente “en trámite”.

El dictamen del auditor sobre el balance del PRO.
El dictamen del auditor sobre el balance del PRO.


La UCR y el PJ, sin dificultades

En la información pública que da a conocer la Cámara Nacional Electoral, los dos partidos más importantes de la provincia no muestran fisuras en la presentación de sus estados contables. El Partido Justicialista tiene aprobados los balances de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012 y se encuentran “en trámite” los de 2009, 2013 y 2014. Por su parte, la Unión Cívica Radical tiene aprobados todos sus balances de 2002 a 2012 y “en trámite” los de 2013 y 2014.

El antecedente Sobisch

El artículo 63 inciso “b” de la Ley 26.215 afirma que “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años” cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Esa inhabilitación afecta “sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”. En este caso, Hermes Binner y Miguel Lifschitz.


En marzo de 2012, en una causa similiar, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, inhabilitó por dos años al ex gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, basando su sentencia en el artículo antes mencionado. Esa decisión luego fue revocada porque a Sobisch no se le garantizó la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que se reinició la investigación con intervención del Ministerio Público. Aquí en Santa Fe, en cambio, el pasado 5 de agosto el juez federal Reinaldo Rodríguez le delegó la instrucción de la causa al fiscal federal, Walter Rodríguez.


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Nicolás Lovaisa

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