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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

28/10/15

“El cargamento pertenecía al Jefe de Policía de la provincia”



Las declaraciones de los policías en la causa que investiga el hallazgo de una camioneta con 1.682 kilos de marihuana apuntan a la complicidad de la propia fuerza con el narcotráfico y al temor de que les pase algo por hablar. “Los que trabajan para la policía son contados con los dedos. Nadie me garantiza que no me maten, porque hablando mal y pronto esto es falopa”, afirmó uno de los uniformados. El fiscal apeló el sobreseimiento de los ex jefes de la URI, Vergara y Fernández.  

Por Nicolás Lovaisa

“Mis superiores tienen muchos contactos. Todo el mundo sabe que la misma policía tiene contacto con gente de ese entorno del narcotráfico. Los que trabajan verdaderamente para la policía son contados con los dedos”, afirmó uno de los policías en el marco de la causa que busca esclarecer el hallazgo de un camión con 1.682 kilos de marihuana en su interior, en la lluviosa madrugada del domingo 2 de noviembre de 2014, en Arroyo Leyes.

En sede judicial, el mismo uniformado dejó en claro su miedo a que pudiera pasarle algo por sus declaraciones. “Nadie me garantiza que alguien venga y me mate, porque hablando mal y pronto esto es falopa. Yo sólo recibo órdenes de mis superiores”, agregó.

No fue el único de los policías indagados que manifestó esa preocupación. “Hasta el día de hoy yo tengo temor de lo que pueda pasar. ¿Quién me garantiza que a mí no me pase nada? Desde el momento que encontramos la droga tengo ese miedo”, señaló uno de sus compañeros. Un tercero fue en el mismo sentido: “Yo tengo miedo de que me pase algo a mí y a mi hijo, por las represalias que pueda tomar alguna persona por esto que estoy declarando”.

En el expediente también hay declaraciones de la Subcomisario Stella Olivera, a quien el ex Subjefe de la Unidad Regional I, Sergio Fernández, le preguntó si se habían llevado droga del operativo, “porque necesitaba saber dónde estaba lo que faltaba del cargamento”.

Olivera también contó detalles de una reunión que mantuvo con el ex Jefe de la URI, Sergio Vergara, el 5 de noviembre de 2014, tres días después del hallazgo del camión. Ese día Vergara le dijo que “hay cosas que están consensuadas y se hacen desde hace años, como el tema de las putas, de la quiniela clandestina, pero nosotros meternos en esto no, hasta ahí no llegamos”.

Sin embargo, Olivera sostuvo ante la justicia que le extrañó que los jefes policiales se mostraran sorprendidos por el hecho, porque se sabía que uno de los detenidos (Alejandro Agüero, ex sargento de Drogas Peligrosas) “siempre se dedicó a la venta de drogas en la zona de la costa para la superioridad e incluso no prestaba servicios en ninguna dependencia”.

“A mí me resulta muy difícil de creer que el Jefe de la Unidad Regional I, el Subjefe y el Jefe de Orden Público (Cristian Hang) hayan desconocido lo que me habían referido, que el cargamento pertenecía al Jefe de Policía de la Provincia”, precisó Olivera. En ese momento la máxima autoridad policial de Santa Fe era Omar Odriozola, que había asumido en febrero de 2013, en reemplazo de Cristian Sola. En septiembre de este año, lo sucedió en el cargo Rafael Grau.

El relato de Olivera, que precisa cómo fue el hecho, es coincidente con las grabaciones telefónicas del 911, que constan en la causa. Días después fue “licenciada” por sus superiores, por lo que dejó su cargo de Jefa de la Comisaría de Rincón. Su regreso al cargo estuvo acompañado por el acompañamiento de los vecinos de esa ciudad, que destacaron su trabajo.

El hecho

Aquellas primeras horas del 2 de noviembre de 2014 sacudieron la rutina de varios policías que esperaban pasar una noche tranquila. Un llamado advirtió sobre la presencia de un camión, marca Iveco, abandonado en Arroyo Leyes. En su interior encontraron 1.682 kilos de marihuana.

El fiscal federal, Walter Rodríguez, logró probar que uno de los que actuó en el hecho fue Juan Carlos Villalba, custodiado por el ex sargento de Drogas Peligrosas, Alejandro Agüero, alias “Aguja”. Ambos están procesados por el delito de “transporte de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas”. En el caso de Agüero, “agravado por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos”.

Tanto Villalba como Agüero fueron en un primer momento detenidos por los policías que arribaron al lugar, pero con el correr de los minutos quedaron en libertad, luego de haber tomado intervención en el hecho “funcionarios policiales de mayor jerarquía”. Fue así que, en el mismo lugar en el que habían sido detenidos, Villaba y Agüero se despidieron de los uniformados y se fueron en dos vehículos distintos, llevándose además parte de la marihuana que se encontraba dentro del camión. Todas estas situaciones fueron omitidas en el acta de procedimiento.

Por este motivo fueron procesados Martín Ángel Díaz y Cristian Hang, por los delitos de “encubrimiento agravado por tratarse de un delito especialmente grave y por tener el carácter de funcionarios públicos; incumplimiento de los deberes de funcionario público; favorecimiento de evasión de un detenido; falsificación ideológica de documento público; y sustracción en parte de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad pública competente”.

La actuación de los jefes

En las horas posteriores al hallazgo del camión, Sergio Vergara y Sergio Fernández, en ese momento Jefe y Subjefe de la Unidad Regional I, distinguieron la actuación policial en los medios. Fernández destacó que las dos personas que quisieron detener “se escaparon por la zona de bañados, a pie”. “Se los buscó intensamente pero la nocturnidad y el terreno colaboraron para que se dieran a la fuga”, se lamentó ante la prensa.

Días después comenzaron a citar a sus subalternos, como para iniciar una suerte de “investigación paralela”, ajena a la que ya estaba en manos de la justicia. Según consta en el informe oficial, lo hicieron porque “posteriormente al procedimiento mencionado comenzaron a surgir distintas versiones sin fuente emisora responsable relacionadas a hechos que se diferenciaban de lo que se daba cuenta por parte del personal actuante en un primer momento”. En ese momento, la justicia ya había ordenado a las autoridades policiales “el cese de su intervención en autos”. Esas “reuniones” con sus subordinados no fueron registradas en ningún documento oficial.

Por eso, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de Vergara y Fernández por “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. El juez federal Reinaldo Rodríguez dio curso a ese pedido, pero tras la declaración de los ex jefes policiales dictó su sobreseimiento.

El fiscal apeló esa decisión y enumeró una serie de hechos que, a su entender, el magistrado no tuvo en cuenta a la hora de sobreseer a los ex responsables de la URI. Entre ellos, que mientras Vergara ordenaba una suerte de investigación paralela, en los medios de comunicación hacía declaraciones que reforzaban la versión oficial; que los jefes policiales jamás comunicaron, ni por teléfono ni por escrito, las presuntas irregularidades que habían detectado; que no tuvo en cuenta las declaraciones de los efectivos antes citadas y que, además, mantuvieron reuniones con sus subalternos, cuando la justicia ya les había ordenado apartarse de las pesquisas.

El juez tampoco parece haber evaluado que ni Vergara ni Fernández dieron cuenta de manera oficial de la sustracción parcial que sufrió el cargamento de marihuana por parte de efectivos policiales. El fiscal sostiene que los ex jefes de la URI “son presentados por la decisión judicial desde una retrospectiva que contiene cierto grado de inocente credulidad, un tanto lejana a la realidad cotidiana de la policía provincial”.

Por último, el fiscal cuestionó que el juez haya justificado las reuniones que los jefes policiales mantuvieron con sus subordinados en los días posteriores al hecho citando un decreto policial de la última dictadura militar (3174/77), “inaplicable y derogada por contradecir la ley posterior número 23.984 del año 1991”.

* Publicada el 28 de octubre de 2015 en Radio Nacional Santa Fe.
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Nicolás Lovaisa

Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

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