El Partido Socialista no pudo justificar los aportes recibidos para la
campaña de 2007. La justicia solicitó la declaración de los dos referentes del
PS, que firmaron como presidente y tesorero ese balance. Pero ninguno de los
dos concurrió a dar explicaciones, por lo que el fiscal pidió su desafuero. Un balance del PRO también fue desaprobado: Del Sel firmó como
titular del partido. En 2012, ante ese tipo de irregularidades, la justicia inhabilitó a Jorge Sobisch para presentarse como candidato en elecciones.
Por Nicolás Lovaisa
Los balances del Partido
Socialista, del año 2007, y de Propuesta Republicana (PRO), de 2012, le están
trayendo serios dolores de cabeza a Miguel Lifschitz y Miguel Del Sel: en las
últimas semanas fueron citados por la justicia para aportar datos que permitan
entender los movimientos económicos de ambos partidos, ya que los balances
mencionados se encuentran desaprobados ante las irregularidades detectadas por
la Cámara Nacional Electoral. La estrategia de ambos candidatos para enfrentar
la situación fue, hasta el momento, muy diferente.
En el caso del PS, la justicia
citó a prestar declaración a Hermes Binner y Miguel Lifschitz, que en ese
momento se desempeñaban como presidente y tesorero, respectivamente. Ambos
decidieron no concurrir a las audiencias: se ausentaron de manera
injustificada, en dos ocasiones cada uno. Y decidieron recusar al juez que
lleva adelante la causa, Reinaldo Rodríguez.
Ante estas inasistencias el fiscal
solicitó el desafuero de los actuales diputado nacional y senador por el departamento
Rosario, respectivamente. El fiscal explicó, a través de un comunicado, que las
ausencias de Binner y Lifschitz “dieron espacio al impulso de la aplicación del
Régimen de Inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados previsto
en la ley 25.320”.
El primer artículo de esa ley
dice textualmente lo siguiente: “Cuando, por parte de juez nacional, provincial
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se
impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado
sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá
adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión. El llamado a
indagatoria no se considera medida restrictiva de la libertad pero en el caso de que el legislador, funcionario
o magistrado no concurriera a prestarla el tribunal deberá solicitar su
desafuero, remoción o juicio político”.
Del Sel sí se presentó ante la
justicia. El ex humorista debe responder ya que en su condición de presidente
del PRO en 2012, rubricó un balance que fue objetado por las autoridades
electorales.
Aportes no justificados por el PS
Como publicó el equipo
periodístico de Radio Nacional Santa Fe en octubre del año pasado, un auditor
de la Cámara Nacional Electoral, tres fiscales y un juez federal coincidieron
en que el balance del PS del año 2007 no posee documentación que respalde los
aportes económicos recibidos durante la campaña, por lo que fue desaprobado.
Para el juez Rodríguez el PS “no logra poner en conocimiento de la ciudadanía
en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el
período de 2007”.
Durante 2007 el Partido
Socialista recibió aportes privados por un total de 1.879.207,07 pesos,
divididos de la siguiente manera: $ 565.394,48 de Aportes Partidarios para
Fines Generales; $ 938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $
316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para
Campaña Nacional y $ 58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas
para Campaña Nacional.
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| Las principales observaciones del auditor al PS. |
En su informe, León Derhovsepian,
auditor del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral,
sostiene que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”,
sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes
Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los
totales detallados”.
En 2008 el auditor le solicita al
PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria
del ingreso de los fondos”. Además, agrega: “No me resulta posible establecer
si se han superado los límites legales vigentes de contribuciones o donaciones
privadas” y aconseja al juez a “no aprobar los estados contables”.
Más allá del informe del auditor,
de 2007 a la fecha tres fiscales federales desaconsejaron la aprobación del
balance: Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y Walter Rodríguez.
El juez federal Reinaldo
Rodríguez, por su parte, determinó que el balance del PS “no representa la
situación económica real sobre la rendición de cuentas de la campaña electoral
presidencial y legislativa correspondiente a las elecciones del 28 de octubre
de 2007”. Además, sostiene que “la agrupación política no logra poner en
conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable
la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.
Lo sorprendente es la estrategia
adoptada por el socialismo: desde el partido de la rosa no sólo que no
contestaron por escrito los requerimientos del auditor, sino que ante la
citación a indagatoria también eligieron el silencio.
No es la primera vez que la
justicia desaprueba el ejercicio económico del PS: no presentó balance en 2003,
fueron desaprobados los correspondientes a los años 2004, 2005 y 2006 y se
encuentra en este momento en la justicia el ya mencionado de 2007. Sí aprobó
los de 2008, 2009, 2010 y 2011, mientras se encuentran “en trámite” los de
2012, 2013 y 2014.
El PS, el único que no se presentó
En un comunicado de prensa, la
fiscalía federal de Santa Fe informó que en el distrito Santa Fe existen en
este momento “veinte causas abiertas por distintas infracciones a la ley 26.215
seguidas a personas físicas; entre las que se encuentran aquellas relativas a
los responsables políticos y económicos-financieros de los partidos políticos y
afianzas que participaron en comicios ya celebrados o balances anteriores”.
Allí especifica que la fiscalía “formuló
acusación en cuatro (4) casos: Frente Grande, Partido de la Concertación, Gen y
Pro-Propuesta Republicana, mientras que pidió el sobreseimiento de los
responsables del Partido Nacionalista Constitucional y la desestimación del
sumario correspondiente a las autoridades del Partido Conservador Popular”.
En el caso del Frente Grande “recayó
condena contra el interventor a quien se le aplicó la pena de dos (2) años de
inhabilitación para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las
elecciones a cargos públicos nacionales y para el ejercicio de cargos públicos
y partidarios”.
Un dato relevante: prestaron declaración
los responsables del Partido del
Campo Popular Orden Nacional, Encuentro por la Democracia y la Equidad, Alianza
Santa Fe Federal, Alianza Compromiso Federal, Alianza Proyecto Sur y
Pro-Propuesta Republicana. Los únicos que decidieron no concurrir a
brindar explicaciones ante la justicia fueron Binner y Lifschitz, del Partido
Socialista.
El PRO, también desaprobado
Por su parte, en 2013 el auditor
de la Cámara Nacional Electoral, Roberto Franco, desaconsejó la aprobación del balance
del PRO de 2012. “Teniendo en cuenta los resultados de las tareas de auditoría
realizadas y considerando las observaciones formuladas en el presente informe
no me resulta posible aconsejar la aprobación de los estados contables
correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2012 presentados por el
PRO-Propuesta Republicana del distrito Santa Fe”, expresa en el dictamen de su
informe.
Allí también sostiene que el PRO
no informa sobre partidas pendientes de cobro, cuando en realidad, según la
Dirección Nacional Electoral “surge que el partido tendría un saldo pendiente
de cobro neto de sanciones provenientes de aportes públicos 2011 por $
50.985,65 más el Aporte Público para Boletas Diputados Generales por $
213.441,12 y un aporte asignado por Diferencia de Campaña de Diputados Primaria
de $ 5.118,88”.
Según el balance presentado, el
Estado de Situación Patrimonial del PRO en ese año arrojaba un saldo negativo
de $ 283.505,91 y hay aportes privados no justificados por $ 5.004. Desde su
nacimiento en Santa Fe la justicia electoral desaprobó el balance del PRO de
2011 y está en observación el mencionado de 2012. El de 2013 fue presentado
fuera de término y el de 2014 se encuentra actualmente “en trámite”.
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| El dictamen del auditor sobre el balance del PRO. |
La UCR y el PJ, sin dificultades
En la información pública que da
a conocer la Cámara Nacional Electoral, los dos partidos más importantes de la
provincia no muestran fisuras en la presentación de sus estados contables. El
Partido Justicialista tiene aprobados los balances de 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2010, 2011 y 2012 y se encuentran “en trámite” los de 2009, 2013 y
2014. Por su parte, la Unión Cívica Radical tiene aprobados todos sus balances
de 2002 a 2012 y “en trámite” los de 2013 y 2014.
El antecedente Sobisch
El artículo 63 inciso “b” de la
Ley 26.215 afirma que “el presidente y el tesorero del partido y los
responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de
inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años” cuando “no puedan acreditar
debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Esa inhabilitación
afecta “sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos
públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos
políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”. En este caso,
Hermes Binner y Miguel Lifschitz.
En marzo de 2012, en una causa
similiar, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, inhabilitó por dos
años al ex gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, basando su sentencia en
el artículo antes mencionado. Esa decisión luego fue revocada porque a Sobisch
no se le garantizó la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que se
reinició la investigación con intervención del Ministerio Público. Aquí en
Santa Fe, en cambio, el pasado 5 de agosto el juez federal Reinaldo Rodríguez
le delegó la instrucción de la causa al fiscal federal, Walter Rodríguez.
Notas relacionadas:
Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.
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