El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe condenó a Luis
María Vera Candioti -ex juez de menores- a 15 años de prisión por
retener y ocultar, alterar y suprimir el estado civil de María Carolina
Guallane-Paula Cortassa, cuando era una beba de catorce meses. Además de
ese caso, se juzgaron otros homicidios y tormentos, y hubo condenas
para un expolicía (prisión perpetua) y dos militares retirados.
Por María Eugenia Ludueña y Nicolás Lovaisa
Los jueces del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Fe condenaron ayer a un colega, Luis María
Vera Candioti -ex juez de menores, jubilado de la justicia ordinaria
provincial-, a 15 años de prisión por retener y ocultar, alterar y
suprimir el estado civil de María Carolina Guallane-Paula Cortassa,
cuando era una beba de catorce meses. Su padre, Enrique Cortassa, fue
secuestrado. Su madre, Blanca Josefa Zapata, asesinada de un tiro
durante un ataque del ejército y la policía a su casa, el 11 de febrero
de 1977. Estaba embarazada de 26 semanas. A la beba la sacaron envuelta
en una sábana ensangrentada.
En el mismo juicio, los integrantes
del tribunal condenaron también a un policía de la provincia (hoy
jubilado) a prisión perpetua y a dos militares (retirados) a 13 y 22
años de prisión por diversos delitos ocurridos en esa provincia durante
la dictadura cívico militar.
Durante el proceso, Paula (desde
1977, María Carolina Guallane) enfrentó al policía y a los militares
acusados. Les preguntó por los 54 días transcurridos entre su secuestro y
su ingreso a Casa Cuna. “Quiero saber qué hicieron conmigo en esos tres
meses. ¿Me llevaron a un chupadero para torturar a Enrique? Necesito
que me lo digan. Lo que me perturba es no saber. Me da asco pensar que
esos tipos me tocaban para atormentar a Enrique en un centro
clandestino. Son tres meses de mi vida que están en blanco, aunque en
realidad están en negro”, declaró en una audiencia del juicio.
Otro de los condenados es Juan
Perizzotti -cumple prisión domiciliaria-, que fue hallado culpable de
dieciséis homicidios, entre ellos, los de Blanca Josefa Zapata y Enrique
Cortassa. También se le imputó como responsable en la sustracción,
retención, ocultamiento, alteración y supresión del estado civil de
Paula Cortassa. Por estos cuatro últimos delitos, más la falsificación
ideológica de un documento público, Carlos Enrique Pavón, ingeniero
químico y militar retirado del Ejército Argentino, recibió una pena de
13 años de prisión.
Domingo Morales -también con prisión
domiciliaria- fue condenado a 22 años de prisión como autor penalmente
responsable de los homicidios de Norma Esther Meurzet, Silvia Haydée
Wollert y José Luis Gómez.
Los jueces Ricardo Moisés Vásquez,
Beatriz Caballero de Barabani y Omar Digerónimo fijaron a su colega
Candioti una multa de 75 mil pesos y la inhabilitación absoluta y
perpetua. También lo consideraron culpable de prevaricato, es decir, de
no actuar en función de la justicia sino arbitrariamente, y le revocaron
la excarcelación.
El tribunal tomó la misma decisión en
el caso de Pavón, y dispuso que los condenados “cumplan la pena
privativa de libertad en dependencias del Servicio Penitenciario
Federal”. A Perizzoti le unificó la condena (tenía una de 22 años de
prisión, impuesta el 22 de diciembre de 2009, y otra de 23 años, del 6
de junio de 2014) a la pena única de prisión perpetua. Los fundamentos
de la sentencia se conocerán el 21 de junio al mediodía.
El operativo con cobertura periodística
Aquel febrero de 1977, los
participantes del operativo llegaron al barrio San Martín y empezaron a
disparar contra una casa. Allí vivía un empleado provincial que, sin
saber qué pasaba, pidió clemencia. No era a él a quien buscaban. Se
desplazaron cien metros y dispararon contra la vivienda ubicada en
Castelli 4351. Ahí sí vivían los tres militantes peronistas que
buscaban. Cristina Ruiz fue ejecutada de un tiro en la cabeza. A Blanca
Zapata le dieron en el cráneo. Minutos después, entró al hospital
Piloto en un “estado de coma profundo”. Allí se confirmó que estaba
embarazada de 26 semanas. A Enrique Cortassa lo secuestraron. Un día
después, el Segundo Cuerpo del Ejército informó que cayó en el
“enfrentamiento”.
El diario santafesino El Litoral
publicó ese comunicado junto con la foto de los integrantes del
operativo desplegándose alrededor de la vivienda. Dio detalles: contó
que “antes de resistirse”, los militantes peronistas hicieron salir de
la casa a dos menores. Eran los hijos de Cristina Ruiz. Su compañero,
Osvaldo Ziccardi, había caído semanas antes, en el hecho conocido como
“la masacre de Las Heras e Ituzaingó”.
En la casa de Castelli había también
una beba, pero el ejército no lo informó: era Paula Cortassa, la hija de
Enrique y Blanca. La sacaron de la casa envuelta en una sábana
ensangrentada. El entonces juez de menores, Luis María Vera Candioti, la
recibió como NN y la dio en adopción. Las fechas no coinciden. Según
figura en la causa judicial, el Ejército entregó a Paula al juez el 4 de
febrero de 1977. Curioso, porque el operativo en el que asesinaron a
sus padres ocurrió siete días después.
Aquella tarde de febrero los
uniformados rodearon la casa y ejecutaron a Cristina Ruiz y Blanca
Zapata. Según el informe médico Cristina recibió un impacto con
“orificio de entrada en la región occipital” y “orificio de salida en la
región temporal izquierda”, lo que le provocó “el estallido de la masa
encefálica”. Blanca recibió un disparo en la “región frontal”, que
derivó en “una lesión encefálica” y “un estado de coma profundo”.
Embarazada, agonizó durante doce días.
A Enrique Cortassa se lo llevaron,
pese a que el comunicado militar informó que había sido abatido.
Continúa desaparecido. Y a Paula la secuestraron. No se sabe qué pasó
con ella durante los 54 días que transcurrieron entre el operativo y el 6
de abril, cuando ingresó a Casa Cuna. Un informe médico fechado el 20
de abril indica que desde su internación “no evolucionó bien su estado
anímico”.
El 13 de mayo de 1977, Candioti la
dio en adopción a Jorge Omar Guallane y Agustina María Moro, un
matrimonio de Venado Tuerto. Paula Cortassa pasó a llamarse María
Carolina Guallane. El juzgado mintió sobre el origen de la niña. A los
padres adoptivos se les informó que la bebé había perdido a sus padres
biológicos en un accidente. Dos años después supieron la verdad.
“Necesitaban una persona de confianza”
El fiscal general Martín Suárez
Faisal había pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe
una pena de 15 años de prisión -la misma que se impuso- para Candioti.
El ex juez fue el único que ocupó ese cargo durante la dictadura y
asumió por un “decreto de facto” firmado por el Vicealmirante Jorge
Desimoni, interventor de la provincia. “Claramente, necesitaban de una
persona de confianza para tan importante función, dentro del plan
sistemático que como tantas veces se dijo en esta sala, en este y en
todos los juicios vinculados con el terrorismo de Estado, incluía la
supresión de la identidad de los hijos de los denominados delincuentes
subversivos por las fuerzas policiales y militares”, argumentó Suárez
Faisal.
Para el fiscal, Vera Candioti “no
acudió a otras autoridades judiciales ni a los medios de comunicación
para difundir el caso de la niña y ni siquiera miró el diario El Litoral
para informarse en relación al referido operativo de calle Castelli”.
“Tampoco se constituyó en el barrio, como hicimos nosotros 40 años
después, que comprobamos que todos los vecinos de la época sabían lo que
había pasado”, agregó, entre otras omisiones graves del ex magistrado
que enumeró.
Carolina Guallane creció con muchas
dudas acerca de su identidad. Pasó años soñando extrañas pesadillas. Su
familia adoptiva la acompañó en la búsqueda de su verdadera historia,
junto con el Movimiento Ecuménico por los DDHH. Carolina se presentó al
Banco Nacional de Datos Genéticos para ver si su sangre era compatible
con otras familias analizadas, pero el resultado no arrojó
compatibilidad.
Ninguna de las familias de origen
había denunciado la desaparición de la niña. Abuelas de Plaza de Mayo
había recibido denuncias desde 1986 pero no coincidían con su situación.
En 1998, Abuelas se presentó como querellante ante la Justicia Federal
de Santa Fe para impulsar la investigación sobre su identidad. Ese mismo
año, Carolina Guallane apareció en varias notas periodísticas diciendo
que quería conocer su verdadera identidad: estaba segura de que era hija
de desaparecidos.
Cuando sus fotos empezaron a circular en los medios, personas que
conocían a sus padres alertaron a sus abuelas. La veían muy parecida a
su papá. Entonces, al cruzar los datos genéticos, Paula recuperó su
identidad. Fue en septiembre de 1998. Su padre y su hermano o hermana,
que debió nacer en cautiverio, continúan desaparecidos.
* Publicado el 29 de abril de 2016, en Cosecha Roja.
* Publicado el 29 de abril de 2016, en Cosecha Roja.
Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.
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