El fiscal federal Claudio
Kishimoto solicitó la medida, en una causa que investiga la evasión de más de 4
millones de pesos de la empresa Dabefa SA, cuyo apoderado legal es el actual
presidente de Colón. Desde el Ministerio Público Fiscal también solicitaron la
indagatoria de su hija, Danisa Vignatti, quien está al frente de la firma.
Por Nicolás Lovaisa
El nombre de la empresa está
conformado por las primeras sílabas de los nombres de los tres hijos de José
Vignatti: Danisa Ainelén Vignatti (presidente), Berardo Martín Vignatti
(vicepresidente) y Fabricio Gabriel Vignatti (director suplente). La principal
actividad de la firma es la cría de
animales (invernada de ganado bovino excepto el engorde en corrales), pero
también el cultivo de trigo, de soja y oleaginosas.
Según publicó el periodista
Maximiliano Ahumada, el actual titular rojinegro “figura como apoderado, razón
por la que tiene a su nombre un poder
amplio, que le permite realizar negocios para la firma”. En la
investigación, que inició la Administración Federal de Ingresos Públicos y
ahora tiene como responsable al fiscal federal Claudio Kishimoto, se precisa “una
evasión por el impuesto a las ganancias por 4.086.026,32 pesos” correspondiente
al ejercicio fiscal de 2014. Además, en su escrito, el fiscal destaca que para
concretar dicha maniobra se utilizaron “declaraciones juradas engañosas”.
La ley 24.769 prevé por este
delito penas de “tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión”
cuando “el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos
($4.000.000)” o “si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas
o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos”.
Ahora será el juez federal
Reinaldo Rodríguez quien deberá determinar si le da curso a lo solicitado por
el fiscal. De todas maneras, cabe aclarar que esta situación procesal no afecta
la actividad de Vignatti como presidente de Colón. Según el artículo 45 del
estatuto del club, sólo están inhabilitados para ocupar cargos quienes hayan
sido “condenados por delito doloso con sentencia firme y ejecutoriada”.

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