La semana pasada, este portal dio a conocer una denuncia de la AFIP ante la justicia federal por la compra de una isla por casi tres millones de dólares por parte de la empresa Deusto S.A. La firma y el terreno adquirido pertenecen a la misma persona: el empresario periodístico Nahuel Caputto. Tras la nota, el diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, realizó un pedido de informes en la cámara baja.
En el texto, el legislador solicita que el Poder Ejecutivo, a través los organismos correspondientes, explique “si la compra de la isla Los Mellados, por casi 3 de millones de dólares de parte de la firma Deusto SA, constituye algún tipo de perjuicio contra el estado santafesino”.
Entre los principales puntos a responder, enumera los siguientes:
- Si la compra de la isla “Los Mellados” de parte de la firma Deusto SA implica una posición de privilegio en relación a la construcción del Nuevo Puerto de Santa Fe.
- Si la firma Deusto SA tiene deudas con el fisco provincial.
- Si la firma Deusto SA presenta denuncias laborales en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
- Si la supuesta evasión de cuatro millones de pesos con la AFIP tiene su correlato con otros organismos provinciales.
- Si existen causas judiciales provinciales pendientes de resolución en los tribunales santafesinos de parte la firma mencionada.
- Si distintos organismos estatales invierten pautas oficiales de publicidad en los medios de comunicación o programas impulsados por alguno o algunos de los integrantes de la empresa Deusto SA.
Entre sus fundamentos, Del Frade sostiene que “las operaciones
económicas y financieras de empresas vinculadas a medios de
comunicación, tanto en la provincia como en la Nación, necesitan de una
mayor atención de parte de los organismos de control de los estados”.
“Desde los años noventa en adelante, a partir de la constitución de
los multimedios, se erigió una nueva clase empresarial que no solamente
apostaba a la evolución de canales de televisión, emisoras de radios,
diarios y revistas, sino también a otros negocios que, de acuerdo a lo
registrado en los propios medios, se hacían con mayor facilidad por ser
justamente los dueños de esas firmas con llegada masiva a la sociedad.
La propiedad de los medios, entonces, sirvió para llegar a otros nichos
económicos y financieros”, agrega en el escrito.
Por último, destaca: “La pregunta fundamental es saber si en todo
este recorrido el estado santafesino no resultó perjudicado o, desde sus
organismos de control, no se hicieron los seguimientos más rigurosos
ante este movimiento de dinero. La mención de posibles privilegios a la
hora de constituir el nuevo puerto de Santa Fe potencia la necesidad de
explicar si hay beneficios extra legales para la empresa aludida”.
* Publicada el 23 de mayo de 2018, en Diario Santa Fe.

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