Una investigación oficial reveló compras a proveedores
inexistentes. También se encontraron comercios armados exclusivamente para
venderle a la fuerza. Entre los propietarios figuran actuales o ex uniformados.
Advertencia sobre la falta de control del gobierno.
Por Gustavo Castro
Una auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia
detectó un sinnúmero de irregularidades en compras y contrataciones de la
policía santafesina destinadas a hacer frente a las necesidades de
funcionamiento, racionamiento y provisión de combustible de la fuerza. El
trabajo, al que accedió el equipo periodístico de Radio Nacional Santa Fe, fue
realizado este año y abarca a todas las unidades regionales, si bien buena
parte de las objeciones pesan sobre empresas –en algunos casos truchas- con
domicilio en los departamentos La Capital y Rosario.
Conviene aclarar que, si bien la auditoría es de 2014, las
operaciones comerciales investigadas van desde segundo trimestre de 2010 al
primero de 2011. La demora en el control responde al neblinoso sistema vigente de
distribución de los recursos: se gira el dinero a las unidades regionales, allí
el Jefe junto con el Habilitado decide su destino, luego los recibos y facturas
se agregan a las rendiciones de cuentas, posteriormente esa documentación se
revisa en el ministerio de Seguridad y si hay observaciones se devuelve para su
corrección en la estructura policial, que a su vez suele demorar la respuesta e
impide que se incorpore a los balances. Cuando esto finalmente ocurre, en un trámite
que puede durar años, hay proveedores que ya ni siquiera existen.
Ahora, el expediente (N° 00901-0065210-6) está desde el 23 de
septiembre en el despacho del CPN Germán Huber, vocal del Tribunal de Cuentas y
síndico general de la municipalidad de Santa Fe durante la intendencia de Mario
Barletta. Puede decidir darle curso, desestimarlo o guardarlo en un cajón.
Los puntos oscuros
La auditoría del Tribunal de Cuentas encontró un abanico de
irregularidades de lo más diverso. Se observa en la investigación todo tipo de
desprolijidades, omisiones y falencias en los actos administrativos. Se
verificó, por caso, el clásico desdoblamiento de compras para evitar procesos
más transparentes, al estilo de la adquisición de colchones y frazadas delministerio de Desarrollo Social de la provincia a la empresa vinculada
familiarmente con el secretario Legal y Técnico de Antonio Bonfatti, Diego
Echen.
Pero lo más notable surge de las características de los proveedores.
En el trabajo se ubicó, en este sentido, a una serie de empresas que operaban
con la policía y tenían el mismo domicilio, lo cual induce a la fuerte sospecha
de que, en realidad, no hay allí distintos proveedores sino una misma firma con
múltiples talonarios.
Además, aparecen en la auditoría compañías que inician su
actividad facturando a la policía y otras que tienen como única destinataria de
sus ventas al ministerio de Seguridad. No es difícil presumir, en consecuencia,
que esos comercios fueron armados específicamente para hacer negocios con la
fuerza.
Asimismo, la investigación del Tribunal de Cuentas encontró
facturas y recibos de policías en actividad o retirados, o sociedades
conformadas por ellos, situación que contradice la normativa que encuadra la
actividad. Hay también varios de estos proveedores que son parientes entre sí.
No están ausentes tampoco en el listado de irregularidades
compañías con gruesos incumplimientos en materia impositiva, algunas incluso
informadas en la base de facturas falsas de la AFIP, o dadas de baja por falta
de presentación de las declaraciones juradas.
Sin embargo, quizás lo más llamativo sea la detección de
firmas que operaron comercialmente con distintas unidades regionales y no
indican números telefónicos en las facturas, ni aparecen en las guía y ni
siquiera existen en los nóminas comerciales de las localidades. Es decir,
empresas fantasma.
Según se advierte en el trabajo de las áreas técnicas del
Tribunal de Cuentas, estos numerosos y variados puntos oscuros son posibles
también por la ausencia de controles internos. Y aquí, ya talla la
responsabilidad del gobierno de la provincia.

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