Un informe de 1970 muestra de qué
manera los servicios tenían individualizados a los militantes
políticos. Muchos de los que integran esa lista sufrieron años de cárcel y 24 de
ellos fueron asesinados. La documentación refleja la preocupación que
despertaban los sacerdotes Rosso y Catena por “enfocar la cuestión social con
criterio peronista”. Los datos que allí aparecen permiten suponer que fueron
recabados por un infiltrado, lo que renueva la discusión sobre la inacción de
la UNL en torno a César Frillocchi, quien se desempeñó como espía de la
dictadura y hoy tiene un alto cargo en la casa de altos estudios.
En 1970 un documento de
Gendarmería Nacional precisaba en qué agrupaciones, barrios y facultades de
Santa Fe militaban 166 jóvenes. En esa lista hay 24 personas que fueron
asesinadas en los años posteriores y muchos otros que pasaron un largo tiempo en
la cárcel. El informe también califica como “peligrosos” a dos sacerdotes muy
reconocidos en Santa Fe: Atilio Rosso, fundador del Movimiento Los Sin Techo, y
Osvaldo Catena, que llevó adelante un enorme y recordado trabajo social en
Villa del Parque, en el postergado cordón oeste de la ciudad.
Ese informe de los organismos de
inteligencia fue aportado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y
fue incluido por el fiscal federal, Walter Rodríguez, en la causa que investiga
los asesinatos de las abogadas Marta Zamaro y Nilsa Urquía a manos de la
Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) que en la zona operaba bajo el
nombre de Comando Anticomunista del Litoral (CAL).
En su escrito el fiscal sostiene
que “los informes de seguimientos a actividades políticas, universitarias e
integrantes de centros de estudiantes, sindicatos, partidos políticos y
asociaciones intermedias de la provincia de Santa Fe se remontan a tiempos en
que se creó la Dirección General de Informaciones, el 31 de octubre de 1966, en
el marco del proceso de la Revolución Argentina, mediante Decreto Provincial
4056”.
“Células peronistas y comunistas”
El 8 de agosto de 1970 se remite
un documento sin firma al Jefe de Escuadrón 27 “Punta de Vacas”, de la
Gendarmería Nacional Argentina, provincia de Mendoza, que informaba sobre la
“organización, funcionamiento y características de célula peronista y comunista
que operan en la ciudad de Santa Fe, con ramificaciones en otros puntos del
país”.
Además, solicitaba que “se
confronte un identikit con un profesor de la Facultad de Ingeniería Química de
la citada ciudad, el que por otra parte tiene activa participación en la
organización subversiva sobre la cual se informa”. El docente al que hacía
referencia era Fred Mario Ernst, quien fue capturado en Córdoba el 18 de julio
de 1975. Su cuerpo apareció un día después, en Río Ceballos, con signos de
haber sido torturado.
El informe se dividía en dos:
quienes militaban en el peronismo se encuentran dentro de la “Planilla
Sintética Nominal de Activistas de Santa Fe”, mientras que quienes lo hacían en
el comunismo estaban agrupados en el “Resumen nominal de activistas de la
ideología marxista”. En la primera nómina hay 22 personas que fueron
asesinadas; en la segunda, dos.
Los peronistas están divididos
por la agrupación a la que pertenecían: Movimiento Peronista de Liberación
(MPL), Ateneo Universitario, Juventud Universitaria Peronista (JUP) y
Movimiento de Estudiantes Universidad Católica (MEUC). También se precisa
quiénes desarrollaban tareas en el barrio Santa Rosa de Lima, en los
sindicatos, en los Colegios Mayores y en los de Enseñanza Media. Contiene datos
personales, vínculos familiares, domicilios, antecedentes y características
físicas de un gran número de militantes políticos.
El documento profundiza menos en
las agrupaciones de izquierda: para los servicios de inteligencia los
“activistas de la ideología comunista” eran “mucho menos peligrosos” que los
peronistas, ya que “mientras los peronistas son capaces de cualquier cosa con
tal de alcanzar el objetivo que se han fijado”, dentro del PC “si bien algunos
activistas participan de actos violentos, la mayoría de ellos se inclina a la
captación de adeptos mediante la vía intelectual”.
Los nombres
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| Parte del informe de Gendarmería, de 1970. |
Entre los peronistas considerados
“peligrosos” por las fuerzas represivas, se encuentran el ex gobernador de
Santa Fe, Jorge Obeid; el ex Secretario de Derechos Humanos, Domingo
Pochettino; la doctora en Filosofía y
titular de la Fundación Epyca, Mercedes
Gagneten, y el actual diputado nacional por PARES (FPCyS), Antonio Riestra,
entre otros. También aparece “Conejo, un
estudiante de cinematografía que vive en una residencia de calle Suipacha”: se
trata de Rolando López, luego fundador del Instituto Superior de Cine y Artes
Audiovisuales de Santa Fe, quien frecuentaba “los barrios humildes y el
ambiente estudiantil”.
En esa nómina hay 22 personas que
fueron asesinadas en los años posteriores: dos de ellas durante la dictadura de
Alejandro Lanusse, una durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón y
las restantes a manos de la última dictadura militar: Raúl Bracco y Oscar
Aguirre Haus (en 1972); Fred Mario Ernst (1975); Fernando Belizán, Eduardo
González Paz, Héctor Larrosa, Juan Carlos Meneses y María Alejandra Niklison
(1976); Luis Alberto Barber Caixal, Carlos Bosso, Susana Busaniche, Juan Carlos
Chiocarello, Domingo Del Rosso, Stela Maris Hildbrand, Sonia Kindrasiuk, Mario
Nívoli, Roberto Pirles, Eduardo Reale y Francisco Molinas Benuzzi (1977); Alfredo
González (1978), Raúl Yager (1983) y Roberto Turelli, sin fecha precisa de su
asesinato.
Otro de los individualizados es
René Oberlín, por su actuación en “los sindicatos”. El 6 de septiembre de 1977,
acorralado por las fuerzas represivas, eligió ingerir una pastilla de cianuro.
Varios de estos nombres se encuentran
también en un informe de inteligencia del Servicio de Información de Defensa deUruguay del 1° de julio de 1976. Allí aparecen Chiocarello, González Paz,
Kindrasiuk, Oberlin, Pirles, Turelli y Yager.
Dentro de los “activistas
marxistas” hay muchos profesores, entre los que se encontraba Alberto Tur,
quien fue secuestrado y torturado junto a su esposa, Amalia Ricotti, en mayo de
1978. También aparecen Susana Simián de Molinas (esposa del luego titular de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas); la ex
fiscal federal y vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio, y Mauricio
Epelbaum, ex presidente del Consejo General de Educación de la provincia. Sobre
este último el ex diputado peronista Rubén Dunda, quien estuvo detenido entre
1976 y 1978, contó que sus captores lo tenían identificado como “hebreo”.
En esa nómina hay dos
desaparecidos: Ángel Gertel, que fue secuestrado el 8 de diciembre de 1975, y
Lidia Hernández, capturada el 1° de diciembre de 1977.
La pata jesuita
El informe asegura que actuaron
como “encubridores” y “en algunos casos partícipes” de la actividad
“subversiva” miembros de la orden Jesuita de Santa Fe. Los dos apuntados son
Atilio Rosso y Osvaldo Catena, quienes además están incluidos dentro de la lista
de militantes peronistas. También se menciona, con menos énfasis, al sacerdote
José Luis Lazzarini de la Inmaculada, a “la Madre Superiora del colegio El
Calvario y a un sacerdote no identificado que imparte la cátedra religión en el
Colegio La Salle Jobson”.
Se los cuestiona como
“incitadores de la actividad militante de jóvenes, invitándolos a participar de
reuniones, charlas, manifestaciones, asambleas y pegatinas de carteles con
enfoque peronista o simplemente izquierdistas”. Además, se insiste en que
Catena, en la capilla a su cargo en el barrio El Triángulo, es un predicador
que “enfoca la cuestión social con criterio peronista”.
En el párrafo dedicado a Rosso
–uno de los más extensos del informe- se hace referencia a un procedimiento
efectuado el 22 de mayo de 1969 en el que fue allanado el Colegio Mayor
(Rivadavia 3140) en el que supuestamente se hallaron “12 bombas Molotov del
tamaño del envase de un lápiz labial”, fabricadas por los estudiantes de
química. Además se secuestró un mimeógrafo con el que se “habrían impreso panfletos
subversivos”.
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| El Padre Osvaldo Catena. |
Según el informe, Rosso actuó “para
confundir a la Policía y desprestigiar su procedimiento”, por lo que “pidió
prestado un mimeógrafo al párroco de la Basilica de Guadalupe, a la vez que
máquinas de escribir y grabadores a los mismos estudiantes”. Luego de eso “convocó
a un periodista de Nuevo Diario al que le solicitó un reportaje, afirmando
entonces, falazmente, que no era extraño que la policía hubiese encontrado un
mimeógrafo en el Colegio Mayor allanado, ya que era común que los Colegios
Mayores lo tuviesen”.
Es curiosa la interpretación de
por qué los jóvenes militaban en el peronismo. Para los servicios de
inteligencia eso se debía a que se encuentran en una etapa de “semidesarrollo espiritual”
que se ve “agravado por la dosis de fanatismo e irracionalidad que los viejos
activistas les han inculcado”.
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| El Padre Atilio Rosso. |
La UNL no da respuestas
Para Luis Larpín, quien estuvo
preso durante la dictadura y tiene un largo recorrido en derechos humanos, “la información
de filiación y compromiso político es muy precisa” en el citado documento. De
hecho es muy minuciosa en un ámbito en particular: el Ateneo Universitario de
la Facultad de Ingeniería Química. Eso permite suponer que quien recabó la
información que luego pasó a manos de los organismos de inteligencia pudo
haberse infiltrado en la FIQ.
“Si una persona armó todo ese
informe en 1970 ¿qué informes habrá armado Frillocchi entre 1971 y 1983 si se
dedicaba a espiar la militancia universitaria”, se pregunta Larpín, haciendo
referencia a César Luis Frillocchi, ex agente del Batallón 601 que actuó como
espía de la dictadura en la UNL.
Desde 2010 se sabe que perteneció
al 601 y que utilizó los nombres de Carlos Leandro Fittipaldi y Carlos Lucas
Fernández. En marzo de este año el Foro Contra la Impunidad y por la Justicia
le solicitó a las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral que lo
separara del alto cargo que ocupa: Director de la Sección Diplomas. A más de 6
meses, no hubo respuestas.
Cabe recordar que durante la
última dictadura militar varios estudiantes de la UNL fueron secuestrados y asesinados, y que las universidades se mantenían informadas entre sí de las
actividades de sus alumnos. Entre ellas, por ejemplo, que tipo de libros
sacaban de la biblioteca.
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| César Frillocchi, espía de la dictadura y hoy con un alto cargo en la UNL. |





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