El fiscal federal Walter Rodríguez sostuvo
que el PS "no subsanó las observaciones formuladas" por el auditor de
la Cámara Nacional Electoral. Entre ellas, no haber podido justificar casi dos
millones de pesos que el partido recibió como aporte para la campaña de 2007,
en la que Hermes Binner fue electo gobernador. La causa podría derivar en una
posible inhabilitación para Binner y Miguel Lifschitz, que firmaron como
presidente y tesorero el balance, ya desaprobado por el juez federal Reinaldo
Rodríguez.
El domingo, Redacción Rosario anticipaba
que el Partido Socialista no había podido justiticar los
aportes que recibió para la campaña electoral del año 2007. Esa fue una de las observaciones que le
había realizado un auditor de la Cámara Nacional Electoral al partido, que
desde 2008 a la fecha no contestó ninguno de los cuestionamientos, lo que
derivó en la decisión del juez federal Reinaldo Rodríguez de desaprobar el
balance presentado por el PS, firmado por Hermes Binner, como presidente, y
Miguel Lifschitz, como tesorero.
Esta mañana, el fiscal federal Walter
Rodríguez solicitó una serie de medidas probatorias que apuntan a dilucidar
cuáles fueron los aportes privados por casi dos millones de pesos que no
pudieron ser precisados por el PS y que fueron recibidos en el marco de la
campaña electoral de 2007, en la que Binner fue electo gobernador, mientras que
Rubén Giustiniani secundó a Elisa Carrió en la fórmula presidencial.
El fiscal destaca que el balance de ese
año fue “desaprobado por el juez interviniente y, en su consecuencia, el
magistrado resolvió sancionar al partido con la pérdida de los aportes que le
fueron asignados para las campañas de elecciones presidencial y legislativa del
año 2007”.
Además, precisa cuáles son las
imputaciones. En primer lugar, “la imposibilidad de acreditación del origen y
destino de los fondos partidarios correspondientes al ejercicio anual
patrimonial del año 2007 del Partido Socialista, que guarda vinculación con los
estados contables desaprobados en el ejercicio anterior” y, por otra parte, “la
dación, aceptación y recibimiento de contribuciones prohibidas expresamente por
ley”.
En ese período, el PS recibió aportes por
$ 1.879.207, 07 que “no cuenta con su documentación respaldatoria”. “De
entenderse como tal la lista aportada bajo el título ‘Aportes partidarios
2007’, ello acreditaría una cifra menor y no coincidente con la anterior ($ 781.907,
07)”, destaca.
También cuestiona ingresos percibidos que
encuadrarían dentro de las prohibiciones previstas por la normativa vigente
como “la aceptación y recibimiento de contribuciones de empresas concesionarias
de servicios u obras públicas por un lado, y de asociaciones sindicales,
patronales y profesionales por el otro”.
El fiscal señala que el PS “no subsanó las observaciones formuladas por León Derhovsepian, integrante del Cuerpo de Auditores Contables de la Cámara Nacional Electoral”. El perito había realizado “un análisis pormenorizado a lo largo de su dictamen, del que se desprende la falta de inclusión de gastos de propaganda, y la ausencia de inclusión de gastos informados por terceros que fueron circularizados por el Tribunal; además de haber detectado varios aportes expresamente prohibidos por la ley”.
Sobre ese punto, Rodríguez explicó que en
la causa constaban los siguientes aportes que estarían incluidos en las
prohibiciones dispuestas por la ley (artículo 15, incisos c y h de la ley
26215):
1) la Asociación de Clínicas, Sanatorios y
Hospitales de Rosario por la suma de diez mil pesos ($10.000).
2) la Asociación de Cooperativas Argentinas
CL, por el monto de cinco mil pesos ($5.000).
3) la Cámara de Estaciones de Servicio y
Garaje por seis mil pesos ($6.000).
4) la empresa Terminal Puerto de Rosario
S.A., por la suma de once mil pesos ($11.000).
5) la firma VFM S.A., por el monto de quince
mil pesos ($15.000).
6) la firma Monticas S.A., por la suma de
diez mil pesos ($10.000).
7) la Asociación de Clínicas y Sanatorios del
Departamento Castellanos por el importe de treinta mil pesos ($30.000).
Según entiende el fiscal, los hechos “en
principio resultan jurídicamente calificables como falta de acreditación del
origen y/o destino de los fondos recibidos, por parte del presidente y tesorero
del partido y los responsables políticos y económico-financiero de campaña
(artículo 63, inciso b, de la ley 26215), entre los cuales en ese momento
aparecerían Hermes Binner y Miguel Liftschitz”.
En este sentido, vale recordar lo publicado por Redacción Rosario el día domingo: el antecedente por el cual a Jorge
Sobisch, en una causa similar, se lo inhabilitó por dos años, lo que afectó
“sus derechos para de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos
nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para
el ejercicio de cargos públicos y partidarios”.
La
respuesta de Lifschitz
En diálogo con La Nación, el ex intendente de Rosario y posible candidato a gobernador en
2015 sostuvo que "el único objetivo de esta decisión es político y tiene
una intención: quieren sacarnos de la cancha".
“Esto genera indignación y sorpresa porque el partido ha presentado toda la documentación respaldatoria de los gastos y aportes de campaña, y por una cosa mínima el magistrado pretende que se inicie una causa penal", afirmó.
“Esto genera indignación y sorpresa porque el partido ha presentado toda la documentación respaldatoria de los gastos y aportes de campaña, y por una cosa mínima el magistrado pretende que se inicie una causa penal", afirmó.
"Hay una intencionalidad política, que es sacarnos de la cancha a Hermes Binner y a mí, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Todos los partidos tienen cuestionamientos a la hora de la rendición de los balances, pero a ninguno se le aplica una medida tan drástica. Se devolvió el dinero de las empresas que fueron cuestionadas”, insistió.
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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.
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